El medio digital La Tabla denunció que, desde 16.02.24, los campesinos Rubén Delgado, Nelson Lepesqueur y Miguel Santamaría, de San Rafael de Canagua (estado Barinas), organizados en el Consejo Campesino «Chávez en El Graciero», fueron detenidos en el Destacamento 331 del Comando de Zona 33 de la Guardia Nacional y torturados, directamente, por el Cap. GNB Joyner Stewart Chaustre Sánchez.
Los pobladores del consejo campesino «Chávez en El Graciero» viven y producen desde hace dos años en una tierra que hoy es reclamada por «empresarios forestales» que aspiran explotar la madera de árboles centenarios que ello no sembraron.
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El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), organización comprometida desde hace 40 años con la defensa y protección de los derechos humanos de los sectores históricamente excluidos y discriminados en Ecuador, recientemente ha denunciado graves violaciones ocurridas en el contexto del Decreto de Estado de Excepción 110, promovido por el presidente constitucional del Ecuador, Daniel Noboa, que facultó el ingreso de las Fuerzas Armadas en los centros penitenciarios para su recuperación interna.
Desde la Plataforma Nuestramericana de DDHH, espacio que agrupa a organizaciones de derechos humanos de Colombia, Venezuela, Argentina, Ecuador y Brasil, condenamos el vil asesinato del compañero Josué Castellanos Pérez, defensor de ddhh, integrante de la Fundación de DDHH Joel Sierra y miembro del movimiento comunal araucano. Al mismo tiempo, denunciamos el contexto de estigmatización y criminalización que se viene realizando en contra del movimiento social en el centro Oriente Colombiano, y que precedió a estos abominables hechos.
Expresamos nuestra profunda solidaridad con los familiares de Josué y con el movimiento popular y de DDHH en Colombia e instamos a las autoridades estatales a no dejar este hecho impune, a investigar y castigar a los responsables, así como a adoptar medidas urgentes para proteger la vida e integridad de quienes están en los territorios exigiendo los derechos del pueblo históricamente explotado y excluido. La violencia no nos detendrá en nuestra búsqueda por construir desde abajo una Latinoamérica unida, más justa y en paz.
Surgentes, colectivo de DDHH, lamenta la suspensión por parte del Gobierno de las actividades en Venezuela de la Oficina Técnica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). En el cumplimiento de nuestra misión de fortalecer el poder popular para la exigibilidad y autotutela de los derechos de los sectores estructuralmente discriminados, hemos solicitado y recibido de manera constante el apoyo de esta Oficina, que se encuentra en el país como parte de un acuerdo de cooperación con el Estado venezolano.
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